Feminisme

La ley ante las violencias sexuales

A raíz de las últimas sentencias mediáticas sobre violencia sexual en España, como son las grupales en Pamplona y Manresa, se han puesto de nuevo en cuestión los supuestos de abuso y agresión sexual. ¿Por qué una es inferior en grado que la otra? ¿Qué supone que una misma situación sea enjuiciada de una forma u otra? ¿Deberían ser lo mismo? ¿Debería hacerse una nueva catalogación? Infinitas preguntas están hoy en el aire al igual que una clara indignación por parte de de la ciudadanía que cree que no se está haciendo justicia. Pero, ¿realmente no se está haciendo justicia o es que se hace pero de acuerdo a unos textos jurídicos obsoletos?

El debate está abierto. Aunque hay voluntad (según se dice) del nuevo gobierno de aprobar nuevas reformas que ayuden a salir de este impase, veremos cómo se materializan si siguen sin contar con el asesoramiento de expertas reales en el tema, ya sea organizaciones feministas como personas académicas y profesionales entre otras que trabajan día a día con la realidad. O bien, en el caso catalán con la ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, recortan por todos lados las aportaciones fruto de esa colaboración.

Pero volviendo al tema de inicio. Algunas personas defienden la eliminación de los supuestos de abuso y la consideración de un término único que incluya tanto agresiones como abusos. Hay personas que suelen decantarse por el lema: ‘no es abuso, es violación’. Y, por otro lado, otras personas defienden el término de ‘abuso sexual’ y la necesidad de visibilizarlo y diferenciarlo de ‘agresión sexual’ aunque no estén de acuerdo con su penalización.

En mi opinión, conceptualmente los términos son adecuados. Si bien es cierto que para lxs magistradxs les trae de cabeza, los dos delitos tienen sus propias características que deberían ser respetadas. No obstante, discrepo con su valoración según los requisitos para calcular las penas.

Si cogemos el Código Penal Español (1995), cuando hablamos de agresiones y abusos sexuales, los diferenciamos a partir de dos elementos principales: violencia e intimidación. Su presencia es violación, su ausencia es abuso. Pero no es tan fácil en la práctica determinar su existencia o no porque la ley no pone ningún baremo ni definición. Y dónde una persona siempre ve violencia e intimidación, otra no lo ve. Ante este panorama se le suma el consentimiento: ¿Realmente resulta imprescindible saber cómo ha sido o no ha sido el consentimiento? Lo digo porque entramos en un bucle en el que empezamos a dar vueltas sobre estos tres ítems y no sobre el acto en sí.

Por ejemplo, hace poco se pronunciaron sobre el consentimiento afirmativo, solo un ‘sí’ es un ‘sí’. Y aunque estoy de acuerdo, lo que sucede, no sé si habéis visto el vídeo de ‘el consentimiento, tan simple como una taza de té’ de la ONG Mujer Mundo, es que las personas podemos cambiar de opinión después de decir ‘sí’ y no necesariamente expresarlo verbalmente. Así como a jugar a decir ‘no’ cuando es ‘sí’ dentro del filtreo sexual sin tener porque ser juzgadxs y menos culpabilizadxs. O decir ‘sí’ las veces que sea pero sin ser del todo conscientes porque estamos bajo los efectos de alcohol y/o drogas.

Y es más, ¿a caso nos está diciendo la jurisprudencia que una misma violencia sexual, mismos hechos, en caso de que la persona afectada esté sobria, su caso será juzgado con mayor gravedad o menor duda que en el caso de que estuviera ebria, por ejemplo? Pues sí. Y ¿acaso importa eso cuando la única persona para determinar el trauma o afectación es la misma persona que lo ha sufrido? Lxs juecxs no son psicólogxs ni tampoco les corresponde el papel de hipotetizar sobre el sufrimiento ajeno. Pues, ¿no será que al final están juzgando a la persona afectada, la están responsabilizando, culpabilizando? Pues sí, y tiene nombre: victimización secundaria, violencia institucional.

Des de mi punto de vista, deberíamos de deshacernos de un montón de requisitos superfluos cuyo único fin es el de cuestionar y juzgar a la persona afectada en lugar de a la causante o presunta causante del delito. Personalmente apostaría por poner los delitos de violencia sexual bajo una misma horquilla de penas a partir de los mínimos correspondientes a los de agresión. Deshaciéndonos de los requisitos de violencia e intimidación. Desde ahí, partiendo siempre del mismo rango, valorar el resto de hechos y circunstancias de los delitos. Es importante nombrar las cosas para visibilizarlas y, en este caso, es necesario distinguir conceptualmente entre abuso y agresión porque cada uno tiene su historia detrás, pero sin que eso implique menor o mayor gravedad.

No obstante, esta reforma legislativa no exime la realización de una educación obligatoria a las personas profesionales del derecho que trabajen en el ámbito. Es cierto que actualmente las nuevas generaciones están más sensibilizadas pero, aunque hay esperanzas de cambio, eso no es suficiente si no se acompaña de formación especializada en violencias machistas que debe ser completa -no un cursillo online-, que incluya perspectiva de género y sea vinculante para el ejercicio profesional.

Finalmente, dejar clara mi preocupación, más que por los años de privación de libertad, de ¿qué hacer con las personas causantes de estos delitos? ¿Qué se está haciendo o se debería hacer y no se hace? La finalidad de la ley es reeducar y castigar, no solo castigar. Si solo se castiga, no se aprende y las penas no sirven para nada. Hay que trabajar la conciencia del delito en estos casos para evitar reincidir.

Además, las estadísticas dicen que menos de la mitad de las personas condenadas en estos delitos ingresan en prisión. Entonces, ¿se destinan suficientes recursos para trabajar con esa parte de población que está en medidas alternativas u otras? En Tarragona, por ejemplo, no existe ningún recurso destinado a hombres agresores, cuando es totalmente necesario para el trabajo interdisciplinar en caso de tener hijxs en común, por ejemplo. La verdad es que no se puede hacer nada con la persona que no quiere reeducarse, pero no podemos desistir y arrepentirnos por no haberlo intentado.

Texto: Judith Sangüesa Pons, Trabajadora Social, miembro del Colectivo Fridas

Foto: MarinaGuia

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